12 de junio de 2007
Dr. Alberto Acosta
Ministro de Energía y Minas
Quito, Ecuador
De mis consideraciones:
Cada día me afianzo más y más a la idea de que Ecuador es un país maravilloso, maravillosamente contradictorio. El caso del gas muestra un exquisito paradigma al caso.
Para empezar, señalo el Decreto Ejecutivo No. 196, publicado en el Registro Oficial No. 50 del 21 de octubre de 1996. En su Artículo 4, reza lo siguiente: “En caso de detectarse que el GLP para uso doméstico, es utilizado en actividades diferentes a la cocción de alimentos o salga ilícitamente del país, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Hidrocarburos, las Intendencias, Comisarías Nacionales, Tenientes Políticos o los Jefes Políticos, procederán al decomiso (cursivas mías) de los cilindros comprometidos en esta irregularidad, debiendo entregarse a Petrocomercial, sin opción a reclamo alguno.” Sin embargo, la Constitución Política de la República del Ecuador señala en el Artículo 33 que: “Para fines de orden social determinados en la ley, las instituciones del Estado, mediante el procedimiento y en los plazos que señalen las normas procesales, podrán expropiar (cursivas mías), previa justa valoración, pago e indemnización, los bienes que pertenezcan al sector privado. Se prohíbe toda confiscación (cursivas y negritas mías).” El decreto mencionado es previo a la Constitución de 1998 citada. Además sabemos que ningún decreto puede estar por encima de la Constitución.
Por otra parte, el Art. 3 del Decreto Ejecutivo No. 196 establece que: “Para el consumo de GLP en industrial, hoteles y toda actividad de producción de bienes y servicios, con fines lucrativos, se utilizará exclusivamente cilindros de 45 kg. (cursivas mías), conforme establecido para el sector industrial…” Sin embargo, la sugerencia hecha bien intencionadamente por una importante comercializadora a los industriales de que instalaran tanques grandes arrojaría nuevamente a los industriales a la ilegalidad de acuerdo a este decreto, puesto que estos tanques 1) no son cilindros y 2) tienen capacidades más allá de los 45 kg. Pero lo más absurdo e irónico del caso descansa sobre el hecho de que los cilindros de 45 kg. prácticamente no existen en el país.
Contradicciones son lo que más abunda sobre el tema gás. Usted mismo, Señor Ministro, reveló en el programa “Cero Tolerancia” que un gran magnate guayaquileño se beneficia del Estado con US $5, 907,000 con el uso ilícito del gas doméstico en bombonas de 15 kg. Y nos preguntamos: ¿Qué ha hecho el gobierno actual para ponerle fin a este abuso? Y si ha hecho algo, ¿dónde están los resultados? Por otro lado, desde su Ministerio sale un fuerte subsidio para el sector pesquero en términos de la entrega de combustibles por debajo del costo del gobierno. El subsidio promedia US $436,517 por buque industrial y US $93,240 por nave de pesca no industrial. Y nos preguntamos: ¿Cuál es la razón o sinrazón de ese enorme subsidio a un sector económicamente oligárquico mientras que a los industriales arroceros, quienes laboran tan cercana y estrechamente con el agricultor, prácticamente los declaran persona non grata y los persiguen como delincuentes comunes por el uso del gas? ¿No entiende el gobierno que al golpear al industrial arrocero golpea a la vez al pequeño, mediano y grande productor de arroz, que el pilador y el productor arrocero viven en una fuerte y perenne simbiosis? O ¿será que el magnate guayaquileño y los dueños de buques pesqueros están por encima de los piladores en categoría de ciudadanos?
Como dice Carlos Vera, no confundamos al enemigo. El enemigo no son las piladoras. El enemigo son los contrabandistas del gas y combustible. Usted mismo señaló que el 22% del gas total ecuatoriano se va de contrabando, mientras que el sector industrial y comercial usa sólo el 8% del mismo. Pero ese 22% de gas que se fuga por las fronteras no nos sirve de nada en este país y significa exclusivamente pérdida para el gobierno y un subsidio para pueblos de países ajenos. En cambio, los industriales arroceros inciden en el costo de la canasta básica ecuatoriana. De tal forma que una subida en el costo del gas para las tareas de secado de grano del sector industrial arrocero basado en el precio de la bombona de 45 kg. se traduciría en un alza de US $ 1.50 a 2.00 por quintal de arroz pilado. Y ese costo se tendría que trasladar hacia alguna parte. O se transfiere hacia el consumidor. Y, por ende, hacia a la canasta básica (no olvidemos que el arroz es la principal fuente de ingesta de carbohidratos para el ecuatoriano promedio y, en particular, el pobre). O, si no queremos tocar al ciudadano, el costo se reversa hacia el productor arrocero, lo cual sería una gran injusticia dado que dicho agricultor representa un sector sumamente vulnerable y sensible. No obstante, traslademos el costo hacia delante o hacia atrás, una realidad impera: la cadena arrocera se vuelve menos competitiva al incrementarse los costos industriales básicos de secado de grano. Todo esto pudiera culminar en que no podamos seguir exportando y desfogando arroz hacia Colombia al mismo ritmo de años anteriores y se nos forme tan alto excedente de la gramínea que los precios de este grano se derrumben hacia los abismales niveles de hace no mucho tiempo atrás, US $7 y 8 la saca de arroz en cáscara, cuando casi todos los productores arroceros coqueteamos con la quiebra y muchos cayeron en ella.
Por lo tanto, señor Ministro, le exhorto muy comedidamente, que enfoque legalmente el actual subsidio vigente al gas hacia el sector industrial arrocero ya que dicho grupo representa un irremplazable eslabón dentro de una de las más sensibles y vulnerables cadenas agroalimentarias del país, cuya cadena al la vez expresa por excelencia el concepto universal de la seguridad alimentaria. Es legítimo.
Agradeciendo de antemano la atención prestada a esta misiva, quedo
Respetuosamente,
Pedro López Juiz
Arrocero Agro-industrial
Montalvo, Los Ríos
cc. Eco. Rafael Correa Delgado, Presidente de la República; Ing. Carlos Vallejo López, Ministro de Agricultura
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